Esta decisión ha generado un amplio debate entre los actores de la industria y los usuarios, quienes consideran que el impuesto castiga injustamente a una actividad regulada que ya contribuye significativamente al sistema fiscal. El nuevo tributo se implementó como una medida de emergencia que ha despertado numerosas dudas sobre su alcance y efectividad.
Un impuesto que impacta directamente a los jugadores
Aplicación directa sobre los depósitos
A diferencia de otros tributos aplicados a las ganancias o utilidades, este impuesto afecta directamente los depósitos que los usuarios realizan en casas de apuestas reguladas. Esto implica que por cada 100,000 pesos colombianos depositados, el jugador solo recibe 81,000 para apostar, lo que reduce el incentivo para operar dentro del marco legal.
Desde el punto de vista del consumidor, esto genera una experiencia menos atractiva y competitiva. Como respuesta a esta situación, algunos operadores han empezado a implementar estrategias compensatorias, como programas de devolución. Un ejemplo es el de Stake, que lanzó un esquema de cashback para mitigar el IVA en Colombia, buscando aliviar la carga de sus usuarios más fieles.
Posible incentivo al juego ilegal
Expertos de la industria han advertido que esta carga fiscal puede incentivar el uso de plataformas no autorizadas, donde no se aplican estos tributos. La pérdida de competitividad frente al mercado ilegal es una de las principales preocupaciones de los operadores licenciados en Colombia.
Las plataformas ilegales, muchas de ellas con servidores en el extranjero, ofrecen márgenes y bonos sin las restricciones fiscales locales. Operadores autorizados como Luckia han comenzado campañas para informar y retener usuarios, haciendo énfasis en los riesgos del juego no regulado y destacando sus beneficios exclusivos.
El impacto económico según Fecoljuegos
Caída del 30% en ingresos
De acuerdo con la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), desde la implementación del Decreto, la industria del juego online ha registrado una disminución del 30% en sus ingresos. Esta caída afecta no solo a los operadores, sino también a las transferencias que financian el sistema de salud público.
Esta reducción en ingresos también ha puesto en pausa nuevos proyectos de expansión, contrataciones y mejoras tecnológicas. Algunos operadores están evaluando si continuar o no en el mercado colombiano, lo que podría provocar una disminución de la competencia y limitar la innovación en el sector.
Riesgo para la sostenibilidad del sector
Fecoljuegos advierte que mantener este tipo de gravámenes podría comprometer la sostenibilidad de un sector que genera empleo y recauda importantes recursos para el Estado. La reducción en los volúmenes de apuesta también afecta la inversión y el crecimiento proyectado para este año.
Además, distintos representantes del sector han manifestado que existen discrepancias en los cálculos fiscales del Gobierno y varios operadores aseguran que las cifras de recaudación previstas no se están cumpliendo y que los efectos económicos podrían ser más severos de lo estimado.
Argumentos del Estado para mantener la medida
Apoyo a la seguridad y asistencia en el Catatumbo
La Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, sostiene que la medida es proporcional y está alineada con la necesidad de recaudar fondos para apoyar la fuerza pública y atender necesidades humanitarias en la región del Catatumbo, una zona gravemente afectada por el conflicto armado.
El Gobierno ha defendido el Decreto como una herramienta necesaria en un contexto social complejo, donde las fuentes de financiación son limitadas. Aseguran que el juego en línea, al ser una industria en crecimiento, debe asumir parte de la carga fiscal que permita atender las prioridades nacionales.
Legalidad del Decreto
El pronunciamiento de la Procuraduría ratifica que el Decreto 175 cumple con los principios constitucionales de necesidad y proporcionalidad. Además, señala que no vulnera los derechos de los operadores al no gravar sus ingresos directamente, sino los depósitos de los jugadores.
Esta interpretación legal ha sido cuestionada por algunos expertos en derecho tributario, quienes consideran que, aunque técnicamente válida, la medida puede interpretarse como una forma de doble tributación, al afectar indirectamente la operación económica del usuario y del operador.
Reacciones y llamado al diálogo
Distintos actores del sector, incluyendo abogados especializados en derecho tributario como Juan Camilo Carrasco, han cuestionado los efectos económicos de esta política. Coinciden en que, si bien el objetivo es legítimo, el mecanismo podría resultar contraproducente al fomentar el uso de plataformas ilegales y reducir el recaudo esperado.
Diversos gremios han hecho un llamado al Gobierno para abrir un canal de diálogo estructurado que permita revisar el impacto real de la medida. Consideran que, sin ajustes, el Decreto puede poner en riesgo años de esfuerzo en la consolidación de un mercado legal, competitivo y responsable.
