Contexto y Antecedentes
El sector de las apuestas en Colombia ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, atrayendo a operadores internacionales como RushBet y Betano.
H2 Gambling Capital pronosticó que para 2027 los ingresos brutos por juego superarán los 2.000 millones de dólares, consolidando a Colombia como uno de los mercados más prometedores de la región.
Sin embargo, en septiembre del año pasado, el gobierno colombiano sorprendió al sector al anunciar que evaluaría la posibilidad de introducir un impuesto del 19% sobre las apuestas online.
Aunque esta iniciativa fue inicialmente rechazada en diciembre, en enero se optó por su implementación de manera temporal, aprovechando la medida excepcional contemplada en el Artículo 213 de la Constitución Política.
Medida de Emergencia y Aspectos Legales
El mecanismo utilizado, típico en situaciones de disturbios graves que amenazan la estabilidad institucional o la seguridad ciudadana, ha sido criticado por su falta de claridad.
Carrasco, socio en el bufete Asensi Abogados en Bogotá, destaca que aún no se ha definido si el gravamen se aplicará sobre el volumen de depósitos o sobre el total de apuestas, a pesar de que el Artículo 420 del código tributario establece que la base del impuesto debería ser el valor de la apuesta.
Tras reuniones con el ministro de Hacienda, Diego Guevara, el abogado insiste en que gravar los depósitos tendría mayor coherencia con la normativa vigente.
Además, se ha generado inquietud en cuanto a la duración de esta medida, pues, aunque se ha establecido inicialmente por 90 días, existen posibilidades de prórroga, la segunda de las cuales requeriría la aprobación del Senado, un proceso que podría enfrentar serios obstáculos.
Impacto en el Sector y Proyecciones
La medida se suma a otras políticas fiscales, como los recargos en sectores de petróleo y gas, con el objetivo declarado de recaudar aproximadamente COP1 billón para la financiación de iniciativas de emergencia.
Sin embargo, la incertidumbre política y las continuas disputas en el Congreso han llevado a algunos expertos a dudar que esta solución temporal no se convierta en una medida permanente.
El regulador del juego, Coljuegos, no ha ofrecido hasta el momento una postura clara que defienda los intereses del sector, lo que incrementa las tensiones en un ambiente ya complicado para la industria.
Carrasco advierte que, si bien el impuesto podría aumentar los fondos destinados al sistema de salud, también podría tener efectos adversos en la recaudación real, al incentivar la migración de jugadores hacia plataformas no reguladas.
¿Cómo se Ven Afectados los Jugadores?
La implementación del nuevo impuesto no solo repercute en operadores y en las arcas estatales, sino que también impacta directamente en los jugadores.
La medida podría encarecer el costo de las apuestas, llevando a muchos usuarios a buscar alternativas en el mercado negro, donde la ausencia de impuestos y la posible evasión de controles regulatorios se presentan como una opción tentadora.
Además, los operadores deberán ajustar sus sistemas de recaudación para cumplir con la normativa, lo que podría traducirse en interrupciones en el servicio o en mayores costos operativos que, eventualmente, se reflejarán en las cuotas y apuestas.
Esto no solo pone en riesgo la seguridad y la legalidad de las transacciones, sino que también podría debilitar la confianza de los usuarios en la integridad del sistema regulado.
Perspectivas Futuras
El panorama que se avecina es incierto. Mientras el Congreso sigue evaluando la medida, el debate sobre si el impuesto se mantendrá o se revertirá continúa encendido.
Además, la falta de consenso sobre la base impositiva y las dificultades en la implementación tecnológica para su correcta recaudación generan un ambiente de inseguridad jurídica para los operadores.
En palabras de Carrasco, la experiencia en diversas jurisdicciones muestra que “nada es más permanente que algo que llega como medida temporal”. Así, a pesar de que la intención del gobierno es fortalecer las finanzas públicas en tiempos de crisis, esta decisión podría acabar afectando no solo el flujo de ingresos estatales, sino también la viabilidad de la industria y la experiencia del usuario.
Con el mandato presidencial en vísperas de cambios políticos, la expectativa es que en el próximo año se produzcan modificaciones en la gestión regulatoria, lo que podría suponer un alivio o, por el contrario, nuevos desafíos para el sector del juego en Colombia.
