Montero sostuvo que los datos incompletos y las percepciones erróneas del público están alimentando políticas desproporcionadas que debilitan el mercado formal y fortalecen a los operadores ilegales, todo mientras el sector sigue siendo una fuente crítica de financiación para el sistema de salud del país.
La regulación basada en percepciones debilita un salvavidas sanitario de €215 millones
En el centro del argumento de Montero se encuentra un malentendido fundamental sobre cómo funciona el negocio del juego. El debate público suele confundir el monto total apostado con los ingresos reales de los operadores, exagerando supuestas ganancias.
En realidad, aproximadamente el 95% de las apuestas se devuelve a los jugadores en forma de premios, dejando un margen operativo cercano al 5%, que debe cubrir tecnología, licencias, cumplimiento normativo, personal, impuestos y transferencias obligatorias al sistema de salud.
Ese margen reducido tiene consecuencias reales para las finanzas públicas. El sector regulado del juego en Colombia aportó más de COP 990,000 millones (aproximadamente €215 millones) al sistema nacional de salud en 2024, respaldando alrededor de 3.500 empresas con licencia y más de 300.000 hogares.
Sin embargo, cuando el Gobierno impuso un IVA del 19% sobre los depósitos en juegos en línea a inicios de 2025, los ingresos brutos del juego cayeron un 30%, y las contribuciones al sistema de salud por parte de los operadores se desplomaron un 46,6% interanual para julio de 2025: de COP 43,300 millones a COP 23,100 millones en un solo mes.
Según Fecoljuegos, la carga tributaria total sobre el sector alcanzó el 70,5%, dejando a las empresas con apenas el 29,5% de los ingresos para operar. La organización calificó el IVA aplicado a los depósitos como estructuralmente distorsivo, ya que los jugadores son gravados antes incluso de realizar una apuesta, lo que incentiva directamente la migración hacia plataformas no autorizadas.
Intervención judicial e incertidumbre en año electoral
La Corte Constitucional de Colombia emitió una suspensión provisional del Decreto 1390 el 29 de enero de 2026, deteniendo el IVA del 19% y restableciendo el impuesto estándar del 15% sobre los ingresos brutos del juego (GGR) para operadores en línea con licencia.
Comentarios jurídicos calificaron la decisión como altamente inusual, ya que la corte detuvo un decreto de emergencia antes de completar la revisión de fondo. Un comité del Senado ya había rechazado en diciembre de 2025 el proyecto de financiamiento del Gobierno que habría hecho permanente el IVA.
A pesar de estos retrocesos, la administración del presidente Gustavo Petro no ha abandonado el impuesto. Se instruyó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, incluir el IVA del 19% como una partida permanente en la propuesta presupuestaria de 2026.
No obstante, con las elecciones generales de Colombia programadas para el 31 de mayo de 2026, impulsar nuevos impuestos en el Congreso implica un riesgo político significativo. El operador Codere Online ha declarado que no se comprometerá con nuevas inversiones en el país a menos que el Gobierno cambie de rumbo, y al menos una empresa ya ha trasladado sus operaciones a Argentina.
El mercado ilegal gana terreno mientras retroceden los operadores formales
Montero subrayó que cada barrera innecesaria impuesta al sector regulado se convierte en una ventaja competitiva para los operadores ilegales. Las plataformas no autorizadas no pagan impuestos, no realizan aportes al sistema de salud, no ofrecen protección al consumidor ni aplican políticas de juego responsable.
Cuando el mercado legal no puede evolucionar con rapidez, obstaculizado por una sobrerregulación y retrasos administrativos en la autorización de productos, el mercado ilegal ocupa ese espacio con promociones agresivas y ofertas no autorizadas.
La industria no busca un trato especial, enfatizó Montero, sino estabilidad, proporcionalidad y formulación de políticas basadas en evidencia. Fecoljuegos ha propuesto desarrollar conjuntamente con el Gobierno un indicador técnico de sostenibilidad para medir objetivamente el impacto de la carga tributaria, además de presentar propuestas para un sistema tributario permanente basado en ingresos reales y no en depósitos.
La industria del juego en Colombia se encuentra en una encrucijada de cara al año electoral, con el fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre el IVA aún pendiente y con el Gobierno dando señales de que intentará nuevamente implementarlo.
La decisión de los responsables políticos de optar por el rigor técnico o por la conveniencia política determinará no solo la viabilidad del sector, sino también los cientos de millones de euros que canaliza cada año hacia el sistema de salud del país.
