Una acción judicial frena el decreto tributario de emergencia
La suspensión del Decreto 1390 por parte de la Corte Constitucional representa un fuerte revés para la administración del presidente Gustavo Petro, que había implementado la medida de emergencia en diciembre de 2025 para enfrentar un déficit fiscal de $6,500 millones de dólares.
El experto legal Juan Camilo Carrasco, de Sora Lawyers, señaló que esta medida sin precedentes revela serias preocupaciones constitucionales, lo que sugiere que el decreto podría enfrentar obstáculos significativos en su revisión final.
La legitimidad del decreto fue cuestionada en parte debido a que fue firmado por ministros interinos en el momento de su suscripción. El presidente Petro ha reestructurado su gabinete 15 veces desde que asumió el cargo en 2022, lo que ha contribuido a preocupaciones relativas a este procedimiento. El mandatario respondió afirmando que el país enfrenta una ruptura del orden constitucional.
La industria se recupera del impacto devastador del impuesto
El IVA original sobre los depósitos, introducido en febrero de 2025, tuvo efectos devastadores en el sector del juego en línea en Colombia. Fecoljuegos reportó una caída del 30% en el GGR online, con algunas plataformas registrando descensos de casi el 50% en métricas clave, incluidos los depósitos y el monto promedio de depósito por jugador.
Antes de la suspensión del tribunal, el Gobierno ya había reconocido la insostenibilidad del impuesto. El 31 de diciembre de 2025, un decreto fiscal de emergencia trasladó el IVA de los depósitos al GGR, reduciendo la carga tributaria efectiva de más del 70% de los ingresos reales a aproximadamente el 34% sobre los ingresos brutos. El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero Cárdenas, calificó el ajuste como un punto de partida para construir un modelo sostenible a largo plazo.
Con la suspensión provisional vigente hasta el fallo definitivo de la Corte Constitucional, los operadores de juego en línea en Colombia operan ahora bajo el régimen estándar del 15% de impuesto sobre el GGR. Dado el contexto político de un año electoral y la resistencia del Congreso a los impuestos sobre el juego, observadores del sector esperan que no haya nueva legislación tributaria hasta que asuma la próxima administración en 2027.
