Esta decisión se produce tras informes de señales de trata de personas y otras actividades delictivas en POGO allanados, y un extraño escándalo que involucra a una alcaldesa de un pequeño pueblo acusada de ser una agente secreta china.
Disfrazándose como entidades legítimas, sus operaciones se han aventurado en áreas ilícitas más allá del juego, como estafas financieras, lavado de dinero, prostitución, trata de personas, secuestro, torturas brutales e incluso asesinato. El grave abuso y falta de respeto a nuestro sistema de leyes debe detenerse. Es necesario detener esta perturbación en nuestra sociedad y la profanación de nuestro país.
A partir de hoy, el país no otorgará autorización para nuevos POGO, mientras que los centros existentes tendrán hasta fin de año para liquidar sus operaciones.
El Departamento de Trabajo y Empleo ha sido encargado de encontrar empleo para los trabajadores desplazados.
BREAKING NEWS: President Ferdinand Marcos Jr. orders a ban on Philippine offshore gaming operators or POGOs during his State of the Nation Address. #SONA2024
— Rappler (@rapplerdotcom) July 22, 2024
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Presión política para prohibir los POGO
En los últimos días, la presión política para prohibir estas controvertidas entidades había ido en aumento, con varios senadores pidiendo al presidente que anunciara la prohibición durante el discurso de hoy.
Los POGO fueron legalizados por primera vez por el expresidente Duterte en 2016, como parte de un intento de impulsar el desempeño económico.
En su apogeo, había más de 300 POGO activos en todo el país, aunque un mayor escrutinio regulatorio redujo este número a alrededor de 75 para 2023.
Varios departamentos gubernamentales también habían expresado su apoyo a la prohibición de los POGO, incluida la Policía Nacional de Filipinas y el Departamento de Finanzas.
Esta opinión no fue compartida por PAGCOR, el regulador de juegos de azar del país, ni por su presidente y director ejecutivo, Alejandro Tengco, quien históricamente ha abogado por una regulación reforzada.
El Senado está llevando a cabo una investigación sobre las actividades ilegales vinculadas a los POGO, tras redadas en Pampanga, Porac y Tarlac que descubrieron evidencia de actividades ilícitas.
La ex alcaldesa de Tarlac, Alice Guo, ha estado en el centro de atención después de ser vinculada al POGO de la ciudad, con muchos acusándola de ser una agente secreta clandestina china.
Si bien Guo niega las acusaciones, muchos legisladores han expresado en el pasado su preocupación de que el dominio del sector por parte de trabajadores chinos pueda plantear problemas de espionaje.
